Leonardo Beltrán es experto no residente del Instituto de las Américas y de la Universidad de Calgary; consultor del BID y OLADE; miembro de la Junta Directiva de Sustainable Energy for All y de Fundación Por México; y Ex Subsecretario de Planeación y Transición Energética en el Gobierno de México
El inicio de la década comienza con una tormenta perfecta. Se sumaron tres fuerzas que están obligando a cambiar la forma en cómo interactuamos con la naturaleza, entre nosotros y en cómo aprovechamos los recursos naturales. Por un lado, la fuerza de la naturaleza, está acelerando la frecuencia y la magnitud de los fenómenos meteorológicos que impactan en nuestra forma de vida. Por otro lado, la fuerza de la economía, en donde nuestra dependencia de los combustibles fósiles y la organización industrial de estos mercados, hace que la volatilidad de los precios afecten la actividad productiva global. Por el otro, la fuerza biológica, donde el surgimiento de nuevos virus, ocasionan pandemias, que por la fragilidad de nuestros sistemas de salud pública tienen consecuencias devastadoras.
El inicio de la década nos ha mostrado que tan frágil es nuestra sociedad ante la fuerza de la naturaleza. El año 2020 ha registrado récords en el impacto causado por desastres naturales, v.gr. los incendios en Australia, que devastaron millones de hectáreas que afectan no sólo la cadena de valor alimenticia, sino la biodiversidad y el impacto en la actividad económica; o las inundaciones en Indonesia, que ocasionaron el desplazamiento de cientos de miles de personas, destruyeron la infraestructura y la capacidad productiva de ese país; o los terremotos que golpearon a Puerto Rico, dejando a cientos de miles de personas sin acceso a electricidad, ni agua potable.
El 2020 también nos ha mostrado la fuerza de la economía, en particular, la vulnerabilidad del sistema de producción global y particularmente la de los países más petrolizados. Los precios en el mercado petrolero internacional se desplomaron a partir del 6 de marzo (la canasta de la OPEP cayó a menos de la mitad de su precio a inicios de año y acumula una pérdida de 68.6% al cierre del primer trimestre) cuando Rusia decidió no continuar con el acuerdo para reducir la producción de la OPEP+, Arabia Saudita reaccionó recortando el precio de su crudo y anunciando el aumento de su producción a máxima capacidad, y la OPEP señaló que eliminaría cualquier límite a la producción a partir de abril.[1]
En América Latina y el Caribe, los países más susceptibles frente a la volatilidad del mercado petrolero internacional son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Trinidad y Tobago, ya que tienen una gran dependencia de esta mercancía como fuente de sus ingresos públicos o por su política energética en materia de hidrocarburos. Entre 2012 y 2018, el precio promedio del West Texas Intermediate (WTI) cayó 31% (de 94.05 a 64.90 dólares por barril –dpb–) y el ingreso fiscal promedio por actividades de hidrocarburos en estos países se redujo más de la mitad, de 6.5% a 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque con un impacto diferenciado, en Brasil estos ingresos representaron 0.4% del PIB, mientras que en México fueron 3.8% del PIB.[2] En 2020, el precio promedio del WTI se ubicó en 44.82 dpb (una tercera parte del precio promedio del 2018), por lo que se espera que los ingresos fiscales en estos países se reduzcan aún más.
Este año también nos está mostrando los efectos de la fuerza biológica, que evidencia la debilidad de nuestros sistemas de salud. El año comenzó con la noticia sobre el surgimiento de un nuevo virus, COVID-19. Hasta el 7 de abril, la pandemia se había extendido a prácticamente todo el planeta, con 1,279,722 casos y 72,614 muertos y en América Latina y el Caribe ya hay 31,469 casos y 1,201 decesos.[3]
Mientras que en Estados Unidos de América, el país con mayor número de contagios en estos momentos, en donde se destina el 14% del PIB para gasto en salud y cuenta con 145.2 enfermeros por cada 10,000 habitantes, su sistema de salud pública está completamente rebasado ante la pandemia; en América Latina y el Caribe donde se gasta menos de una cuarta parte en salud (3.4% del PIB) y tiene una décima parte de los enfermeros (15.8 por cada 10,000 habitantes) ya están colapsando los sistemas.[4]
Sin embargo, ante un reto global la respuesta debe ser global. En estos momentos, donde todos los gobiernos están preparando una serie de medidas para mitigar los efectos de la tormenta perfecta y sobreponerse, sin duda, la cooperación internacional es el instrumento idóneo para coordinar esfuerzos y enfrentar la crisis. Ya que en la mayoría de los casos, las finanzas públicas también son frágiles.
En este sentido, los gobiernos de América Latina tienen muy poco margen de maniobra frente a la pandemia. Por un lado, la deuda pública de toda la región se ubica en 42.3% del PIB, lo cual limita su capacidad de adquirir nueva deuda, ya que entre mayor sea ésta, se eleva la probabilidad de no pago y adicionalmente el costo que representa el servicio de la deuda aumenta aún más, tan sólo en 2018 el pago de intereses representó 2.5% del PIB de la región. También es cierto, que algunos países son más vulnerables que otros, v.gr. en Brasil la deuda pública alcanzó 76.7% del PIB, mientras que en el otro extremo, en Paraguay la deuda pública fue 17.3% del PIB.[5] Por el otro lado, los países dependientes de los ingresos petroleros han visto reducciones importantes en sus ingresos provenientes de los recursos de hidrocarburos en los últimos años y se espera que éstos se reduzcan aún más por el rompimiento del acuerdo de la OPEP+ y el impacto del COVID-19, que ha reducido la demanda agregada global.
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas señaló que para mitigar los efectos de la pandemia, “la región no tiene otra opción estratégica que avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible a través de una mayor integración”.[6]
En materia energética, sin duda, ante la tormenta perfecta, integración energética. En este sentido, los gobiernos de América Latina y el Caribe, con el apoyo de las organizaciones técnicas y políticas de la región (Organización Latinoamericana de Energía, Comisión de Integración Energética Regional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas) podrían negociar la firma de un tratado de integración energética e impulso a las energías renovables. Para financiar la integración de la región e impulso a las energías renovables, las organizaciones financieras internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Centroamericano de Integración Energética) podrían consolidar el fondo de integración regional.
El Tratado podría incluir un compromiso para que los firmantes integren sus sistemas energéticos a más tardar en 2025 y a partir de ese año, sólo se construyan plantas de generación eléctrica a partir de energías renovables en la jurisdicción de los firmantes. Los organismos financieros internacionales podrían contribuir con el apoyo técnico necesario para desarrollar el plan de integración y aportar en pari-passu hasta el 15% de la participación directa (equity) en el portafolio nacional con una contribución equivalente del gobierno nacional, así como líneas de crédito preferencial hasta por el 35% del costo del portafolio regional y el sector privado podría contribuir con el 35% de la inversión.
La integración en la región permitiría consolidar un mercado de 635 millones de personas, altamente urbanizado (8 de cada 10 latinoamericanos viven en ciudades), donde el 28% del PIB lo explican la construcción, la electricidad, la manufactura y la minería, todas éstas actividades con una alta necesidad de energía que generaría los incentivos económicos para atender ese mercado. El compromiso por aumentar la participación de las energías renovables permitiría reducir la participación de los combustibles fósiles progresivamente, reduciendo la huella ambiental de la región y contribuyendo a este nuevo modelo de desarrollo más sustentable. A aquellos países con gran dependencia de los ingresos fiscales de hidrocarburos, el acceso a los instrumentos financieros dispuestos por el Tratado, les permitiría mitigar sus impactos al poder participar en un mercado consolidado mucho más grande y acelerar su reconversión hacia productos más sustentables. A los organismos financieros internacionales les permitiría tener un portafolio estratégico con riesgo mínimo, por la consolidación de esta estrategia regional y con proyectos altamente rentables en términos ambientales, energéticos, económicos y sociales. De esta manera, una alternativa clara para salir fortalecidos como región de la tormenta perfecta, sería la integración energética.
[1] OPEC+ se refiere a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y los países productores de petróleo no miembros de la OPEP que firmaron una declaración de cooperación para estabilizar el mercado petrolero internacional en diciembre de 2016.
[2] OECD et al. (2019), Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2019, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/25666b8d-en-es.
[3] World Health Organization. “Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report 78”, 7 de abril de 2020
[4] Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019
[5] Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean, 2019 (LC/PUB.2019/8-P), Santiago, 2019.
[6] NU.CEPAL, América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales, Informe Especial COVID-19, No. 1, Santiago, 2020. Disponible en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/S2000264_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y
*Las opiniones expresadas en el presente artículo corresponden a la valoración de su autor, por tanto, no representan una posición institucional de OLADE, ni constituyen una recomendación del organismo para la toma de decisiones. El autor se responsabiliza por la congruencia de los datos e información empleada en el análisis realizado.
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